La reciente aprobación en dos lecturas consecutivas del proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha generado reacciones encontradas entre los sectores empresariales del país. Mientras algunas organizaciones respaldan la iniciativa, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su preocupación por el impacto económico que, según afirma, podría tener la nueva normativa.
El gremio industrial considera que las modificaciones contemplan incrementos significativos en las tarifas que deberán pagar las empresas por la gestión de residuos, lo que, a su juicio, podría traducirse en mayores costos de producción y, eventualmente, en aumentos de precios para los consumidores.
AIRD advierte sobre un fuerte incremento en las tarifas
El presidente de la AIRD, Julio Brache, manifestó que la aprobación del proyecto ha provocado inquietud entre los sectores productivos debido al aumento de las contribuciones relacionadas con el manejo de residuos sólidos.
Según explicó, el principal cuestionamiento radica en que las nuevas tarifas fueron establecidas sin que se presentaran públicamente estudios técnicos o análisis económicos que justifiquen los montos fijados en la propuesta legislativa.
Brache señaló además que las empresas desconocen la metodología utilizada para calcular las nuevas escalas de pago, situación que, según afirmó, genera incertidumbre dentro del sector empresarial.
¿Qué establece la reforma?
La legislación dispone que las empresas y entidades que reportan ingresos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán realizar una contribución destinada a fortalecer el sistema nacional de gestión de residuos sólidos.
Los aportes se calculan de acuerdo con los ingresos anuales de cada empresa y contemplan montos que van desde RD$3,500 hasta RD$675,000, con el objetivo de financiar acciones orientadas a mejorar la disposición y el tratamiento de los residuos en el país.
Empresarios temen efectos sobre los precios
Desde la AIRD sostienen que el aumento de los costos podría repercutir directamente sobre distintos sectores de la economía.
El gremio advierte que industrias, comercios y pequeñas empresas tendrían dificultades para absorber el incremento de las nuevas obligaciones, lo que eventualmente podría reflejarse en mayores precios para productos de consumo masivo, incluidos alimentos y artículos de la canasta básica.
Ante ese escenario, la organización anunció que solicitará un espacio de diálogo con la Cámara de Diputados para discutir los aspectos técnicos del proyecto antes de su aprobación definitiva.
Cuestionan una nueva reforma en pocos meses
El vicepresidente de la AIRD, Mario Pujols, recordó que la Ley 225-20 ya había sido objeto de modificaciones en diciembre del año pasado, por lo que considera preocupante que se impulse una nueva reforma en un período relativamente corto.
Asimismo, indicó que durante el proceso legislativo no se realizó una consulta amplia con los sectores directamente involucrados, ni con instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente o el fideicomiso creado para administrar el sistema de gestión de residuos.
ANJE también expresa preocupación
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) coincidió en manifestar reservas respecto al proyecto.
La organización considera que la reforma forma parte de un conjunto de iniciativas que incrementan las obligaciones para las empresas, incluyendo aspectos tributarios, laborales y ambientales.
ANJE afirmó que cualquier modificación legislativa debe construirse mediante procesos de diálogo que permitan evaluar el impacto sobre la inversión, el empleo y la competitividad de las empresas formales.
Comerciantes respaldan la iniciativa
A diferencia de otros gremios, la Federación Dominicana de Comerciantes expresó su respaldo a la reforma.
Su presidente, Iván García, aseguró que las modificaciones benefician especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), al considerar que el nuevo esquema reduce las cargas que anteriormente dificultaban la formalización de numerosos negocios.
Según explicó, la reforma favorecería a cerca del 98.6 % de las empresas formales registradas en el país y contribuiría a fortalecer su competitividad.
Debate abierto sobre el impacto económico
La reforma a la Ley 225-20 continúa generando opiniones divididas entre los distintos sectores productivos de la República Dominicana.
Mientras organizaciones empresariales solicitan una revisión técnica y mayor espacio para el diálogo, otros gremios consideran que las modificaciones representan una oportunidad para impulsar la sostenibilidad y facilitar el desarrollo de las mipymes.
El proyecto permanece en el centro del debate nacional, con expectativas sobre las próximas decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo respecto a su entrada en vigor.
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