El exalcalde de Santiago y excandidato presidencial, Abel Martínez, expresó su preocupación por el creciente uso de fideicomisos público-privados en la administración estatal, señalando que esta práctica se ha convertido en una forma de “privatización encubierta” que, según él, pone en evidencia la incapacidad del gobierno central para gestionar bienes y servicios públicos de manera eficiente.
Durante una declaración pública, Martínez aseguró que cada vez que el Estado opta por transferir la administración de servicios o infraestructuras al sector privado bajo la figura de un fideicomiso, está admitiendo su propia ineficiencia.
“Cuando el Estado dice que no puede operar un servicio y lo entrega mediante fideicomiso, está confesando que no sabe gobernar. Eso no es eficiencia, eso es rendición administrativa”, sentenció.
Caso del teleférico y crítica a la tercerización
Como ejemplo, citó la reciente decisión de transferir la gestión del teleférico de Puerto Plata a un fideicomiso mixto, bajo el argumento de que se requiere inversión privada para su relanzamiento. Martínez cuestionó esta medida afirmando que el Estado sí tiene capacidad para gestionarlo, siempre que exista voluntad política, visión estratégica y compromiso con el desarrollo nacional.
“El Estado debe gobernar, no tercerizar su responsabilidad. Se está institucionalizando una práctica no por falta de capacidad, sino por ausencia de voluntad y liderazgo”, afirmó.
Advertencia sobre un patrón de gobernanza
Martínez alertó sobre la posibilidad de que esta tendencia se convierta en una norma de gobierno, promoviendo la idea de que todo lo que funciona debe estar en manos privadas, lo cual —a su juicio— debilita el rol del Estado y aleja a la ciudadanía de los beneficios generados por los bienes públicos.
“Esto es peligroso no solo porque el Estado pierde control, sino porque se limita el acceso del pueblo a recursos que le pertenecen. Se normaliza que lo público es ineficiente, y eso no debe aceptarse”, enfatizó.
Aunque aclaró que no se opone a la participación del sector privado en el desarrollo nacional, insistió en que los fideicomisos deben operar con reglas claras, garantizar equidad y transparencia, y mantener la soberanía sobre los activos públicos.
“Necesitamos inversión privada, pero dentro de un modelo que sirva al interés colectivo y rinda cuentas ante el Congreso y la sociedad. Los fideicomisos no pueden operar en zonas grises”, advirtió.
Llamado a fortalecer la gestión pública
Finalmente, Martínez instó al gobierno a revisar esta política y a fortalecer las capacidades del Estado para gestionar de forma directa y eficiente los recursos y servicios públicos.
“La República Dominicana no se alquila ni se administra por partes. Se gobierna con responsabilidad. El Estado no puede seguir actuando como intermediario de negocios ajenos”, concluyó.
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