A un año de las polémicas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, el oficialismo ha cerrado un ciclo electoral que refuerza su hegemonía en el poder político de Venezuela.
Tras las elecciones regionales y parlamentarias de mayo, y las recientes municipales de este domingo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha ampliado significativamente su control. Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), alineado con el gobierno, el oficialismo domina actualmente 285 de las 335 alcaldías, 23 de 24 gobernaciones y 256 de los 285 escaños de la Asamblea Nacional.
Jorge Rodríguez, actual presidente del Parlamento y jefe de campaña del chavismo, aseguró que el país vive una "nueva Venezuela política", marcada por lo que denomina una gran victoria en las presidenciales de 2024. Sin embargo, ese proceso continúa siendo cuestionado por una gran parte de la comunidad nacional e internacional debido a la falta de transparencia en la publicación de los resultados desglosados, tal como establecía el cronograma oficial del CNE.
Denuncias de fraude y resistencia opositora
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, se abstuvo de participar en las recientes elecciones municipales y legislativas, argumentando desconfianza en el CNE, presidido por Elvis Amoroso, a quien acusan de promover inhabilitaciones políticas contra líderes opositores como María Corina Machado.
La PUD afirma haber recabado más del 85% de las actas de votación de las presidenciales de 2024, las cuales –según sus dirigentes– demostrarían que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia. El excandidato opositor se encuentra exiliado en España tras denunciar una campaña de persecución en su contra.
Por esta razón, el bloque opositor ha insistido en la necesidad de una negociación política seria, con garantías para todas las partes y con observación internacional, que permita validar lo que consideran el resultado legítimo de las elecciones presidenciales.
Mientras tanto, el chavismo rechaza las actas presentadas por la oposición, calificándolas como falsas. Estos documentos están resguardados en Panamá desde enero de 2025, como parte de los esfuerzos por preservar evidencia del presunto fraude.
Una oposición fragmentada y bajo presión
Desde el oficialismo se ha comenzado a hablar de un "nuevo perfil opositor", más dispuesto al diálogo y alejado –según ellos– de las posturas radicales. Esta nueva oposición incluye a partidos y líderes locales que participaron en los comicios recientes, como Gustavo Duque y Darwin González, alcaldes reelectos en municipios del área metropolitana de Caracas, bajo el paraguas de Fuerza Vecinal. Este bloque logró conquistar 49 alcaldías a nivel nacional, distanciándose de la estrategia abstencionista de la PUD.
Sin embargo, la mayor coalición opositora enfrenta un entorno político cada vez más restrictivo. Diversos líderes se encuentran en el exilio, como González Urrutia, mientras otros, como María Corina Machado, operan en la clandestinidad. Figuras como Henrique Capriles han tomado rumbos distintos, sumándose al Parlamento electo, y según el partido Vente Venezuela, al menos 217 dirigentes vinculados a la oposición permanecen detenidos, entre ellos el exdiputado Juan Pablo Guanipa.
Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado un patrón de represión sostenida contra los opositores, donde las liberaciones esporádicas de presos políticos se utilizan como maniobra para contener las críticas, mientras nuevas detenciones se siguen ejecutando. Amnistía Internacional ha alertado, por su parte, sobre un aumento alarmante de detenciones arbitrarias, que podrían configurar el delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.
La PUD reafirmó recientemente que la democracia venezolana se encuentra "secuestrada" por una élite que utiliza el poder como botín y la represión como lenguaje dominante.
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